Es de 710 pesos, el que estaba antes de las audiencias públicas de septiembre, las que fueron cuestionadas por la Defensoría del Pueblo y que motivaron la judicialización y las cuales sirvieron para aplicar el último a 1150 que rige desde mediados de octubre y el juez en lo Civil y Comercial Julián Flores entendió que tenía sustento y dictó a favor la medida cautelar.
La disputa judicial continuará. De un lado la Defensoría expresando que la audiencia no tiene legitimidad porque no están claros los costos de insumos necesarios para la elaboración final de la tarifa técnica y también apelan a lo que consideran como "razonabilidad", entendiendo que el servicio de colectivos aumentó en el año un porcentaje que supera holgadamente cualquier indicador económico.
Por su parte, la Provincia realizó la apelación pero por ahora nada se sabe respecto de lo que resolverá las camaristas que puedan actuar en el expediente. En el medio, los usuarios tendrán un pequeño alivio a los bolsillos al volver a pagar valores menores a lo que lo venían haciendo por viaje.
