El Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno: cambios clave en empleo y derechos
El Senado de la Nación sancionó este viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno, marcando uno de los principales hitos legislativos del año al cierre de las sesiones extraordinarias. La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, luego de que la Cámara de Diputados eliminara el polémico artículo sobre reducción salarial durante licencias médicas.
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La nueva ley introduce modificaciones profundas en diversas áreas del derecho laboral, con el argumento oficial de modernizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo formal. Entre los cambios más relevantes se destacan:
Indemnizaciones por despido: se redefine la base de cálculo, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo y las vacaciones, y se establece la indemnización como la única reparación por despido sin causa, actualizada por el índice de precios oficial más un 3%.
Banco de horas y jornada laboral: se habilita la compensación de horas extraordinarias mediante acuerdos por escrito y se posibilita extender la jornada diaria hasta 12 horas respetando descansos legales.
Vacaciones y flexibilidad: se permite fraccionar las vacaciones en tramos de siete días, con plazos de notificación más amplios y flexibilidad para pactar fechas fuera del período tradicional.
Período de prueba y formalización: se amplía el período de prueba hasta seis u ocho meses según la planta de empleados, y se eliminan las multas por trabajo no registrado, reemplazándolas por incentivos para regularizar la situación laboral.
Negociación colectiva y derecho a huelga: la norma redefine el mecanismo de acuerdos colectivos priorizando convenios por empresa o región y establece requisitos para la autorización de asambleas, además de garantizar servicios mínimos en sectores declarados esenciales.
La reforma también contempla la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado por aportes empresariales, destinado a cubrir los costos de desvinculación, y promueve incentivos para formalizar empleos informales.
La iniciativa no estuvo exenta de polémica: sindicatos y grupos opositores sostienen que estas modificaciones debilitan derechos laborales históricos y podrían precarizar las condiciones de trabajo, mientras que el oficialismo defiende la medida como una herramienta para dinamizar la economía formal y reducir el desempleo.
