El Gobierno de Javier Milei flexibilizó exigencias técnicas para importar y comercializar productos extranjeros si cuentan con los avales necesarios de sus países de origen.
Política 17 de diciembre de 2025
Contra los intereses de la industria nacional, el gobierno de Javier Milei flexibilizó este miércoles exigencias técnicas de modo de facilitar, aún más, las importaciones de productos terminados e intermedios al permitir que las mercaderías importadas puedan ingresar y comercializarse en la República Argentina con certificaciones internacionales, sin necesidad de contar con controles locales.
Así quedó plasmado en el Decreto 892/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y de los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y de Salud, Mario Lugones.
Allí se establece que las exigencias técnicas requeridas para la importación se considerarán satisfechas cuando los productos cuenten con certificaciones válidas en países o grupos de países de referencia, detallados en un anexo, o con avales emitidos por organismos certificadores y laboratorios acreditados, tanto nacionales como internacionales.
Así, no serán controlados en nuestro país los productos que provengan de Estados Unidos; Israel; Japón; Reino Unido; Australia así como también de los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y la Unión Europea.
Según el texto oficial, la medida apunta a simplificar procedimientos, eliminar controles innecesarios y agilizar el ingreso de mercaderías, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos multilaterales incorporados por la Ley 24.425.
El decreto dispone que podrán utilizarse certificados emitidos por autoridades oficiales, organismos certificadores reconocidos o informes de ensayo de laboratorios acreditados, siempre que acrediten el cumplimiento de las mismas normas técnicas y de calidad exigidas o reconocidas en el país. La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía quedó facultada para definir mecanismos alternativos de validación.
En el caso de los productos fiscalizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la norma regula exclusivamente los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de categorías específicas, como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.
Para estos casos, se exige que los bienes estén autorizados para su consumo en al menos uno de los países de referencia o que cuenten con certificaciones oficiales o ensayos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas locales.
En paralelo, el decreto también alcanza a productos bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), como fitosanitarios y productos veterinarios, que podrán ingresar al país siempre que, además de cumplir los requisitos generales, los importadores presenten una declaración jurada que garantice que no representan riesgos para la salud humana, animal ni para el territorio nacional.
Productos excluidos
La norma excluye expresamente del régimen a armas, explosivos y sustancias químicas, mercaderías usadas o reacondicionadas, productos cuya comercialización esté prohibida en el país y alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino, así como medicamentos, fertilizantes y bienes alcanzados por regímenes especiales.
También quedan afuera los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado, carnes y otros subproductos silvoagropecuarios definidos en los acuerdos sanitarios de la OMC.
El decreto aclara que la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía, continuará realizando los controles de importación mediante los sistemas de selectividad y análisis de riesgo aduanero vigentes, sin incorporar nuevos esquemas de verificación.
El decreto instruye además a todos los organismos del Sector Público Nacional a adaptar sus normas y sistemas en un plazo máximo de 30 días, mientras que la medida comenzará a regir 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
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