La Justicia lo sentenció a diez años de prisión e inhabilitación perpetua tras comprobar un entramado de desvío de fondos públicos, uso de recursos estatales y maniobras que ahora abren nuevas investigaciones sobre exfuncionarios y organizaciones sociales.
Policiales05 de diciembre de 2025
La Cámara Primera en lo Criminal emitió este viernes una sentencia que marca un antes y un después en una de las causas de corrupción más relevantes vinculadas al manejo de fondos sociales en la provincia. El tribunal declaró culpable al dirigente piquetero Carlos Barraza por encabezar un esquema sistemático de desvío y utilización irregular de recursos públicos administrados por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
Según la investigación, Barraza manejó durante años un circuito paralelo de fondos estatales destinados a programas sociales. Tras revisar treinta erogaciones millonarias ejecutadas por el organismo, los jueces concluyeron que el líder del Movimiento Trabajadores y Humildes (MTH) había montado una red orientada a apropiarse de dinero y bienes del Estado para fines ajenos a su función.
La condena fue categórica: diez años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión coincidió con el pedido del fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, y del abogado querellante del Estado, Sergio Funes, cuyos argumentos fueron tomados por la jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, presidenta del tribunal.
La magistrada también ordenó que se avance en nuevas líneas de investigación sobre exfuncionarios del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y otros actores vinculados a la administración de recursos públicos en los años 2022 y 2023, por la "presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales (…) a personas y movimientos sociales que no reúnen las condiciones mínimas para recibir recursos públicos".
La condena a Barraza no surgió de un hecho aislado. En diciembre de 2024, el dirigente había sido despedido de la empresa estatal Sameep tras una serie de denuncias por irregularidades administrativas, uso indebido de recursos y maniobras incompatibles con la función pública.
La causa penal avanzó en paralelo. El exdirigente fue imputado por treinta hechos de fraude contra la administración pública y cuatro de peculado de bienes y servicios, figuras previstas en los artículos 174 inciso 5, 261 y 55 del Código Penal.
La Justicia determinó que Barraza se apropió ilegalmente de fondos destinados a programas sociales, canalizados a través del IAFEP y de Lotería Chaqueña, y que utilizó recursos, personal y servicios de Sameep para objetivos personales cuando se desempeñaba como jefe del sector Pozo 5.
Las pruebas acumuladas incluyeron registros fílmicos, documentación interna de la empresa y elementos secuestrados durante los allanamientos. Entre los bienes encontrados había 48 bicicletas abandonadas, juguetes y alfajores destinados originalmente a actividades comunitarias por el Día del Niño.
La sentencia
En su resolución, el tribunal estableció: "Condenar a Carlos Iván Barraza como autor penalmente responsable de los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios en concurso real (…) a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos".
La sentencia incluye el pago de las costas procesales y el decomiso definitivo, en favor del Estado provincial, de "todos los bienes, documentación, efectos, vehículos, herramientas, materiales de construcción, dispositivos electrónicos, armas, soportes digitales y dinero" incautados en la causa.
La víctima, un hombre de 62 años y policía retirado, había bajado de un colectivo cuando sufrió una descompensación que le provocó la muerte en la vía pública.
La joven, de 29 años, se encontraba prófuga desde hace más de un año. La investigación indica que la mujer se desempeñaba como "viuda negra".
