El ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a que el programa fiscal se consolide como un ancla del plan económico. Para eso, trazó una hoja de ruta que, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prevé una ambiciosa meta de alcanzar un superávit primario del 2% para este año. De acuerdo a las proyecciones de gasto y recaudación que eso se cumpla, depende en principio de temas que deben discutirse en el Congreso.
El titular del Palacio de Hacienda dijo la semana pasada que el Gobierno cumplirá con el déficit cero, aunque el Congreso no apruebe el megaproyecto. Sin especificar a qué se refería adelantó que “las medidas van a ser más duras” si hay rechazo del Parlamento. Pero según informaron fuentes oficiales, el presidente Milei ya tiene en la cabeza su plan b: avanzar en una reducción más rápida y más drástica de los subsidios económicos.
“En el caso no deseado de que el parlamento nos rechace las reformas, habrá cero gradualismo en la cuestión tarifas”, explican en el Gobierno. Semanas atrás, Caputo había indicado que el objetivo este año era podar un tercio de esa partida que ya representa más de 2% del PBI. Pero eso podría cambiar en función de las circunstancias.
Según las estimaciones que publicó el Ministerio de Economía en su cuenta de X, la cartera espera incrementar en 0,5% del PBI los ingresos del Estado por la suba de retenciones que contiene la ley ómnibus. Además el paquete incluye una moratoria y un blanqueo que suponen un 0,5% extra. Entre esos dos ítems un punto del producto que depende de la aprobación del parlamento
Por el lado del gasto, la eliminación de la movilidad previsional podría ahorrarle al Gobierno erogaciones por el equivalente a un 0,4% del PBI, a lo que se sumaría una cifra idéntica en caso de que se dé marcha atrás con la reducción del Impuesto a las Ganancias. Sobre este último punto, todavía no hay ninguna iniciativa girada al Congreso, pero aparece dentro de las proyecciones que elaboró Hacienda.
Entre recortes del gasto e incremento de los ingresos es el equivalente a 1,8% del PBI que dependen de la aprobación del poder legislativo. Prácticamente todo el superávit primario proyectado para este año y, más importante bajo la óptica del Gobierno, la oportunidad de alcanzar el equilibrio financiero en este mismo ejercicio.
El escenario en el Congreso no parece sencillo. Y no sólo por el rechazo completo que plantea el bloque de Unión por la Patria. Hasta los aliados al oficialismo tienen sus reparos, por ejemplo con la cuestión previsional. Piden fijar por ley que los haberes no perderán contra la inflación, algo que en la Casa Rosada descartan de plano.
En el radicalismo y en algunos sectores del PRO madura también la idea de no acompañar la suba de retenciones tal cual está planteada. La UCR dividió las iniciativas en los colores de un semáforo y los derechos de exportación aparecen en rojo. El partido que fundó Mauricio Macri tiene ruidos internos y todo parece indicar que a la hora de contar los votos, la tropa estará dividida.
Mientras tanto, los empresarios se mueven. El sector vitivinícola fue uno de los primeros en alzar la voz contra la suba de retenciones y en estas horas organizó reuniones con gobernadores para que instruyan a sus legisladores a frenar ese capítulo. El campo gestiona sus críticas a través del secretario de Agricultura y la Unión Industrial Argentina empezó a descongelar sus reclamos el jueves pasado con un comunicado de prensa que cuestiona el nuevo esquema de retenciones.
