En ese contexto, desde el Ministerio acusan que la maniobra publicada como Resolución el 1 de noviembre de 2019 por parte del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde se contenía a la ya bajada de rango Secretaría que conducía Adolfo Rubinstein, se halla “viciada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos expuestos”.

Tal acusación se argumenta, entre otras cosas, en que la readecuación de precios solicitada por la empresa bajo la excusa de la situación socioeconómica se conforma por un cálculo de evolución por un período de 16 meses, cuando debería haberse hecho por sobre 49 días, lo que derivó en la actualización presupuestaria con más del 50% en favor del proveedor.

En consecuencia, según marcan desde el actual Ministerio de Salud, “el precio finalmente abonado resulta ser mayor que el cotizado por otro proveedor que perdió paradójicamente por precio”, y aseguran que la actualización de precios “violentó la transparencia, toda vez que la renegociación fue aprobada sin atribuciones y omitiendo su publicación en el Boletín Oficial y en el portal de compras públicas”.

De esta manera, impulsaron la creación de un Sumario Administrativo “con el objeto de esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación”, por lo cual se instruye a la Dirección de Asuntos Judiciales a formular la correspondiente denuncia penal “por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública”, mediante lo cual se motiva “el recupero de las sumas abonadas en concepto de renegociación”.