La Cámara de Diputados del Chaco tratará este viernes la emergencia del sector turístico, buscando activar una batería de herramientas para mitigar una caída que podría llegar al 60 por ciento y provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo directo e indirecto.
El proyecto de la diputada oficialista Yessica Ayala extiende la emergencia por 180 días, y podría prorrogarla si persisten los coletazos de la pandemia mundial de la COVID-19, que según la Organización Mundial de Turismo (OMT) tendrá un impacto devastador en los 650 mil puestos de trabajo que el sector ocupa en Argentina.

“La caída en marzo fue del 60 por ciento por la merma de la demanda, y aunque podría haber una reapertura gradual de la actividad gastronómica, no se puede esperar lo mismo del sector hotelero: siete millones de turistas extranjeros no llegarán al país, y tampoco habrá turismo interno más allá de desplazamientos esenciales”, detalló la legisladora.
Ayala apuntó que la actividad se desplomará, en promedio, un 45 por ciento, y la comparó con la de la crisis macroeconómica que culminó con el estallido social de diciembre de 2001, con una contracción sectorial del 20 por ciento. “Habrá pérdidas de facturación de unos US$ 28.500 millones en el sector hotelero-gastronómico sólo durante 2020”, observó.

Si bien reconoció que los signos de recuperación podrían comenzar en el último trimestre del año, la situación en Chaco amerita un abordaje urgente para evitar el cierre de decenas de pymes y de cientos de puestos de trabajo.
De allí que la iniciativa contemple a las empresas y operadores directa e indirectamente relacionados con el sector, y ponga una condición para ingresar en los beneficios de la ley: no producir despidos ni suspensiones de personal injustificados mientras dure la emergencia.
Entre los beneficios enumerados en el proyecto, figura el apoyo del gobierno provincial para obtener exenciones impositivas y diferimientos de impuestos nacionales; en el orden provincial, limitar el pago de servicios de las empresas del Estado sólo a los cargos fijos; exención de Ingresos Brutos y otros adicionales, del impuesto inmobiliario y el inmobiliario rural, y suspensión de ejecuciones fiscales por falta de pago de impuestos provinciales.