El parking logró su cometido y no está previsto levantarlo, indican en la Comisión Nacional de Valores (CNV). La restricción a la operación para comprar dólares en la Bolsa o sacarlos al exterior vía “contado con liqui” consistió en la obligación de quedarse con el bono o la acción por cinco días hábiles antes de cambiarlo por divisas, lo que agregó más riesgo a la transacción. Ese cepo a los dólares financieros se complementó con otras prohibiciones a empresas y personas que reciben algún tipo de ayuda del Estado por la crisis del coronavirus o que tienen que acceder al mercado cambiario oficial. Y provocó una fuerte caída en los volúmenes operados y en las cotizaciones, que rozaron los $130 y ahora flotan en torno a $110.

Según fuentes de la CNV, el volumen operado en activos financieros para hacerse de dólares se redujo a la mitad o menos del que había a fines de mayo, cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y las divisas paralelas se disparó. Hubo una caída hasta el 30% del volumen operado, en comparación con los momentos álgidos de la dolarización vía instrumentos bursátiles. En las últimas semanas, el regulador del mercado detectó cierta suba del volumen, pero a niveles del 50% de antes

Adrián Cosentino, presidente de la CNV, avanzó con las restricciones más duras al “contado con liqui” hace casi dos meses, el 26 de mayo. Estas continuarán más allá de lo que suceda con la negociación de la deuda. La medida se tomó ante una contingencia puntual (la brecha cambiaria), pero en la CNV entienden que desnaturaliza al mercado. “Tenemos una mirada integral. El parking desincentiva operaciones que desnaturalizan el mercado de capitales. El mercado de bonos no es un canal para hacer operaciones cambiarias”, indican fuentes del ente regulador.

Esa “mirada integral” tiene como objetivo crear un mercado doméstico que permita canalizar el ahorro interno al financiamiento de la economía real.

La CNV ya aprobó fondos solidarios con impacto social, a través de fideicomisos financieros. Son instrumentos para que inversores institucionales (fondos de inversión, aseguradoras, etcétera) destinen dinero a obras de infraestructura. La intención de Cosentino es convencer a organismos multilaterales para que les den impulso, mediante garantías o compras de cuotapartes.

También termina de definir la reglamentación de fondos de inversión colectiva para la construcción y la actividad inmobiliaria. Serán una sofistifación de los fideicomisos desde el pozo, con menor riesgo (al diversificar proyectos) y más regulación (al no depender del constructor que hace el edificio, sino de la CNV y las sociedades de bolsa que instrumentan el vehículo de inversión). La intención del ente regulador es que sean vehículos para financiar construcción, desde viviendas hasta shoppings.