En un vertiginoso fin de semana, en el Palacio de Hacienda se están ultimando detalles para continuar las intensas negociaciones que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional. Se prevé que en los próximos días viajará una misión argentina a Washington o, más probable, una delegación del organismo multilateral aterrizará en Buenos Aires encabezada por el venezolano Luis Cubeddu, jefe del FMI para la Argentina, reciente reemplazo del italiano Roberto Cardarelli, la primera víctima del fracaso del programa aplicado en el país.
Cabe señalar que Cubeddu vivió en la Argentina, representando al Fondo, entre los años 2002 y 2004, es decir fue partícipe del proceso de negociación que se realizó durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, tras el default de la deuda argentina.
El jueves pasado, el vocero del organismo, Jerry Rice, señaló en más de una oportunidad, que el diálogo con las nuevas autoridades “es muy constructivo” y reconoció que la Argentina atraviesa por una situación crítica en la que deben ser ayudados los sectores más vulnerables, planteo que va en línea con lo señalado por el presidente Alberto Fernández.
En tanto, el Boletín Oficial de este sábado dio a conocer primeras medidas en materia de empleo e ingresos y gastos públicos:
Entre las medidas que están trabajando se encuentran:
En el mundo empresario, no cayó bien la doble indemnización por despido. Señalan que el problema pasa no por frenar despidos, sino por aliviar la situación de las empresas – particularmente las pymes – cuya subsistencia hoy se encuentra amenazada por la caída del consumo, el costo de los créditos, la presión impositiva, entre otros males.
Al respecto, durante la gestión de Mauricio Macri, cerraron alrededor de 20.000 empresas, según la consultora Radar. En medios empresarios especulan con que la doble indemnización podría ser una concesión del gobierno al sindicalismo a cambio de intentar moderación en los ajustes salariales y establecer un período en el que no se planteen nuevos reclamos de aumentos con el propósito de frenar la inflación.
También esperan que el gobierno anuncie una batería de ayuda a las empresas como créditos a tasas subsidiadas, ayudas para afrontar las cargas laborales o mayores facilidades en el terreno impositivo.
“Hablan sólo de las pymes pero la crisis afectó también a muchas grandes empresas. Vicentín se declaró en cesación de pagos, Celulosa defolteó una obligación negociable por citar solo dos ejemplos. Las empresas no aguantan más de 30 o 45 días en estas condiciones, se necesitan medidas urgentes”, señaló a Ámbito un importante empresario del interior del país.