Pese a ese telón de fondo, movió fichas el peronista entrerriano Gustavo Bordet, que remitió a la Legislatura el plan de gastos que marcará el primer año de su segundo mandato, tras la reelección que cosechó en junio.

“Los ministerios de Salud y de Desarrollo Social tienen entre un 31% y un 35% de incremento, fundamentalmente por lo que ha dejado de atender el Gobierno nacional durante este ejercicio y que a nosotros se nos refleja”, precisó el ministro de Economía, Hugo Ballay.

Los tijeretazos nacionales en Entre Ríos alcanzaron -como al resto de las provincias- a otras áreas de la administración local, tanto en el rubro de subsidios al transporte como en el de tarifa social eléctrica.

Estos aspectos fueron analizados por Bordet, en el marco de la rúbrica de rigor del proyecto, junto con el vicegobernador Adán Bahl; Ballay; los secretarios de Hacienda, Gustavo Labriola, y de Presupuesto y Finanzas, Luis Erbes, y miembros del equipo económico.

Entre Ríos fue una de las 15 provincias que participó a fin de septiembre de una cumbre de ministros de Salud en Buenos Aires, donde reclamaron una respuesta urgente a Mauricio Macri frente “al abandono de programas sociales en las provincias” y “la falta de provisión de leche, vacunas, medicamentos e insumos” y el “deterioro en la cobertura de personas con discapacidad”, entre otros ejes.

También hubo representación entrerriana a principios de ese mes en otro cónclave de tono preocupante, de ministros de Desarrollo Social de 8 provincias peronistas, que reclamaron la sanción de la emergencia alimentaria nacional, lo que ocurrió a mediados de septiembre

La estrategia presupuestaria de Entre Ríos en este aspecto se replica en otros puntos del país.

Es el caso del plan de gastos remitido -y ya sancionado- por el misionero Hugo Passalacqua para el primer tramo de gestión de Oscar Herrera Ahuad (ambos del Frente Renovador de la Concordia).

“Es el presupuesto que más ha destinado al área social en los últimos años”, aseguró días atrás el titular de la cartera de Hacienda, Adolfo Safrán. Y remarcó que “tiene que ver con que el Ejecutivo ha previsto que, en virtud de la difícil situación económica que vive el país, se requiere una mayor presencia del Estado en estas áreas para atender a los sectores más vulnerables”.

Por eso, el texto ya sancionado incluye -precisó Safrán- “casi el 60%” de los recursos al ámbito social, como educación, salud y Desarrollo Social”.

Desde San Luis, en tanto, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, aseguró que el proyecto enviado a la Legislatura por el mandatario peronista Alberto Rodríguez Saá desplegaron “una contención impresionante en el gasto, sin que afecte seguridad, educación, salud y planes sociales”.

En la ingeniería sanluiseña, los ítems con mayor inversión para el año que viene están anclados en Educación (con $18.552.324.584, lo que representa un 30% de recursos) y Salud, con $13.896.247.160.