La diputada consideró al fundamentar el proyecto que “el establecimiento del presente Régimen busca cumplir con uno de los objetivos instituidos en la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada en nuestro país por Ley Nacional N° 26.378. En el artículo 27° establece que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles”.

Además aclaró que “este régimen permitirá a las personas con discapacidad tener acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional continua; alentando las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. Así como también promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias, elaborando políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas”.

Agregó que “en el mismo instrumento legal, de jerarquía constitucional en Argentina, los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida. Para ello se comprometen a adoptar todas las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. Se pretende asegurar el acceso de las personas con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, programas de vivienda pública, entre otros en el marco del artículo 28, referido al nivel de vida adecuado y protección social”.

En lo que respecta a la Provincia del Chaco, reseñó que “la Ley 1794- H (antes Ley N° 6.477) adhiere a la Ley Nacional N°26.378 y con ello ha tomado el modelo social de la Discapacidad establecido en la Convención Internacional, siendo una de las provincias en nuestro país que cuenta con un Organismo autárquico que centraliza las demandas inherentes a la temática y tiene entre sus funciones el diseño, planificación, aprobación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas públicas y acciones que propicien la inclusión en la vida económica, política, cultural y social de las personas con discapacidad, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión”.

En relación al órgano chaqueño sintetizó que “el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene bajo su responsabilidad implementar, fortalecer y ampliar servicios y programas generales de habilitación, rehabilitación, en particular, en los ámbitos de salud, empleo, educación, trabajo, transporte, vivienda, asistencia social, previsional y todas aquéllas en las que se plantee la temática objeto de la norma vigente” y destacó “específicamente el artículo 22° de la Ley Provincial, establece las prestaciones que el Poder Ejecutivo debe prestar a personas con discapacidad en la medida que aquéllas o las personas de quienes dependan, no puedan afrontarlas, y entre dichos servicios se encuentra la formación laboral o profesional e intelectual, así como la inserción socio-laboral y ocupacional mediante la implementación de todo sistema que promueva la formación pre-laboral, el acceso al empleo y su mantenimiento en el cargo o puesto de trabajo y el empleo con apoyo”.
“Teniendo plasmado el encuadre normativo–continuó- creemos que es de fundamental importancia crear un régimen especial para aquellas entidades privadas o personas físicas que tengan la voluntad de apoyar financieramente proyectos o emprendimientos de personas con discapacidad que requieran de aportes económicos para el cumplimiento de sus objetivos, así como aportar con fines altruistas al desarrollo y desenvolvimiento social de las personas con discapacidad o las Organizaciones que las representan”.

Para finalizar abundó: “Se busca con ello promover la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad a través del compromiso social, no solo del Estado Provincial, mediante el otorgamiento del incentivo fiscal dispuesto, sino a través de las acciones de cooperación con entes privados y empresas que tengan entre sus objetivos el establecimiento de metas empresariales compatibles con el respeto de la diversidad, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Esto se relaciona de modo directo con la Responsabilidad social empresarial, si la definimos como el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos”.

El diputado Hugo Sager fue quien explicó la iniciativa en el Recinto, se refirió a antecedentes de leyes que establecen sistemas similares y agregó que “el Chaco y Resistencia tienen emprendimientos que son emblemas en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero necesitaba de una motivación especial y esta ley viene a traer esa solución, lo que busca es que esa disparidad social que existe entre personas con discapacidad y aquellas con otras capacidades se elimine o por lo menos se achique”.

“La inclusión a través del empleo garantiza dignidad –enfatizó- y cuando hacía referencia a lo que hace el Chaco en términos de inclusión no hay que soslayar lo que hizo esta Legislatura cuando crea el IPRODICH, que será la autoridad de aplicación de la Ley”.