Las presiones inflacionarias están al dente. Aún ni la intensidad de la recesión ni la política monetaria contractiva del BCRA han logrado domesticar a la “bestia”. La dinámica del aumento generalizado de los precios se ha intensificado en los últimos meses, de la mano del dólar y los tarifazos, su círculo vicioso y los efectos de “segunda ronda”. Los últimos datos mostraron, por ejemplo, que la inflación núcleo (que no toma en cuenta ni los precios regulados ni los de los bienes y servicios estacionales) se espiralizó y cruzó el umbral del 50% anual.

La sensación térmica de los consumidores es que la elevada inflación se ha hecho pegajosa a los bolsillos. No es para menos, ya que la tasa de inflación general viene promediado el 4% mensual desde agosto pasado. Claro que semejante tasa de inflación mensual responde no sólo al efecto rezagado de la devaluación del año pasado, sino a que las expectativas inflacionarias siguieron desancladas, a que persistieron los efectos de segunda ronda y continuó la recurrente suba significativa de los precios regulados. De esta manera, la inflación general alcanzó un nuevo máximo del 51,3% anual en febrero, frente al 24,8% de fines de 2017.

No hay duda que 2019 empezó con el pie izquierdo para el Gobierno en materia de inflación. Los datos vinieron peor de lo esperado. Para marzo, las estimaciones vuelven a coquetear con el 4%. Un análisis del Estudio Ferreres muestra claramente cómo se complicó el panorama en los últimos meses. Ocurre que entre febrero de 2017 y marzo de 2018, la mayoría de los precios subían entre 0% y 2%. Pero a partir de ahí comenzó a generalizarse el aumento de precios sobre un más amplio espectro de bienes y servicios relevados por el INDEC y la consultora. Ahora la mitad de los rubros relevados tiene una inflación entre 2% y 4%, o sea, es mayor al 2%. Para los economistas de la consultora es sin duda una señal preocupante y que pone en alerta al Gobierno por lo que viene en el futuro cercano. Al respecto, en esferas oficiales confían en que a partir de mayo se despejen los nubarrones de los ajustes tarifarios y que de una vez por todas la dureza prometida por el BCRA sea efectiva sobre la economía real. Claro que no debe perderse de vista que la política monetaria opera con rezagos también, y como mínimo se estima que tarde no menos de seis meses en operar a pesar de que la historia muestra que en general se tomó casi doce meses. O sea, antes de seis meses no podrían verse resultados efectivos sobre la economía.

Vale recordar que la estrategia oficial fue concentrar el tsunami de ajustes tarifarios en el primer cuatrimestre de 2019. Así el menú presentaba en enero subas promedio en el agua (17%) y los transportes (colectivos 15,4%; trenes 14,6% y subte 6,9%). Luego en febrero luz 26%, medicina prepaga 5% y transportes (colectivos 10%; trenes 10,2% y subte 6,5%). En marzo, la luz 14% y transportes (colectivos 9,1% trenes 8,5% y subte 15,2%). Para abril viene luz (4%), gas (35%, en cuotas) y subte (10,5%), luego agua (27%) en mayo y la luz (4%) en agosto. Por ello se anticipaba un primer semestre con alta inflación.

Sin duda, la aceleración inflacionaria es un alto riesgo en el contexto actual de desconfianza e incertidumbre económica y política y de caída de la demanda de dinero. Si el Gobierno no logra desacelerar la tasa de inflación mensual y anual se le complicará el contexto electoral. La apuesta oficial es que la intensidad de la recesión ejerza gradualmente una fuerza moderadora sobre la inflación, mientras se desacelere la inercia y se vayan diluyendo los aumentos programados de las tarifas. Cabe recordar que las elecciones de 2015 y de 2017 se dieron con inflaciones anuales de 25% y 23%, que venían bajando desde picos de 40%. En esta oportunidad parece que estará en el 34%, desde picos de más del 50%.