El Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, horas antes del comienzo de la feria judicial de enero, Elisa Carrió presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia mantenga sus fueros parlamentarios y así evite que pueda ser demandada civilmente por daños y perjuicios. En su escrito, la diputada pidió que se revoque la decisión de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que, como adelantó Ámbito Financiero el 17 de diciembre, rechazó que pudiera ampararse en su inmunidad como legisladora, tras haber denunciado penalmente al administrador general del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi, con información considerada falsa. Carrió -contrademandada en el fuero civil- no sólo insistió en el argumento de su “inmunidad de opinión”, sino que además pidió apartar a los camaristas que dictaron el fallo en su contra por haberla prejuzgado. Y de paso, recusó a Ricardo Lorenzetti para que no participe de la decisión, basado en el enfrentamiento que ambos sostienen, con acusaciones de alto calibre por parte de la líder de la Coalición Cívica. La jugada de Carrió eleva al máximo la presión sobre la Corte por el impacto político que pueda tener el caso, tanto por si lo trata, como si lo rechaza. Es un frente judicial impensado que el Gobierno mira con terror.

Carrió -representada por la abogada Mariana Stilman, de fugaz paso por la Unidad AMIA hasta su renuncia con fuertes críticas al Ministerio de Justicia- junto al secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, exigieron que la Corte se expida y anule “por arbitraria y parcial” la decisión de la Sala B de la Cámara Civil contra la que arremetió. Especialmente contra el voto del camarista Roberto Parrilli, quien sostuvo que la inmunidad del artículo 68 de la Constitución “es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen”. Ese era el principal argumento de defensa para bloquear la acción civil que Marchi entabló luego de que se cerrara una causa penal en Comodoro Py por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin poder con su genio, la diputada subrayó la “llamativa rapidez” con lo que eso ocurrió.

Durante varias carillas, Carrió cuestionó que se haya calificado de “falsa denuncia” sus acusaciones contra Marchi y el propio Lorenzetti, que no se dedica a “difamar” y sostuvo que como funcionarios públicos era su obligación denunciar. Aclararon que pese a considerar que la información que presentaron ante la Justicia era “veraz”, la misma “había llegado a nuestras manos sin constarnos su origen”. Parte de esos datos se suponen que estaban bajo secreto fiscal de la AFIP, cuya divulgación constituye un delito.

Carrió rebatió los motivos por los que podría ahora quedar expuesta a ser investigada por posible falsa denuncia y el montaje de una “operación de prensa” apoyada en su inmunidad parlamentaria. Adujo que todo por lo que Marchi la acusó en sede civil “se trataría de opiniones o discursos, emitidos en el desempeño de nuestro mandato de legisladores de la Nación, y por tal, conforme la garantía establecida por el art. 68 de la Constitución Nacional, no podemos ser acusados, ni interrogados judicialmente ni molestados siquiera, por ellas”. Subrayó esto último diciendo que había relación entre la denuncia penal y lo que sostuvo en declaraciones públicas sobre quien era considerado la mano derecha de Lorenzetti en la Corte. Reafirmó que bastaba que exista relación con la posible función legislativa para que opere la inmunidad que perdió.

En su reclamo al máximo tribunal para que trate el caso, Carrió indicó que la sentencia de la Sala B debe ser considerada “definitiva” porque “causaría un evidente gravamen irreparable a ambos recurrentes, que deberán atravesar todo un proceso civil en el que incluso podrán ser sometidos a un interrogatorio judicial, cuando la norma constitucional ha sido dictada precisamente para evitar dichas circunstancias y los efectos negativos que las mismas pudieran generar sobre la actividad de los diputados nacionales”. Lo salpimentaron: agregaron que existe “gravedad institucional” por las consecuencias que este fallo tendría para la sociedad.

Arremetió además contra la Cámara Comercial a la que acusaron de adelantar opinión “indebidamente”, en lugar de diferir el asunto al final del juicio lo que podría constituir “desvío de poder” en el caso de Parrilli. Por eso van también por su apartamiento. Su principal argumento: la decisión de denunciar un hecho como posible ilícito penal también debe ser considerada como la expresión de una opinión ante una circunstancia conocida por los diputados.

Sobre Lorenzetti exigieron que se excuse y que si no sea apartado por sus pares porque “posee interés directo” en la demanda y el “notorio conocimiento de la relación de enemistad existente entre el juez Lorenzetti y la diputada Elisa Carrió”, sostuvo el escrito al que accedió Ámbito Financiero. La apelación es una brasa caliente para la Corte cuyas consecuencias se medirán a nivel más político que judicial.