Este miércoles 26 de diciembre se reunirá la Sala IV del Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de resolver la situación judicial de varios de los implicados en la causa federal conocida como Lavado II.

El recurso, presentado por las defensas de Aída Ayala, Jacinto Sampayo, Carlos Huidobro, Rolando Acuña y Pedro Martínez, busca que se revise el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los nombrados.

Existen dos caminos que podría seguir la causa luego de la decisión del Tribunal: de dar lugar al recurso de Casación, los imputados esperarán el juicio en libertad; de rechazarlo, deberán esperar el juicio en prisión.

Si el recurso es rechazado, se abre una nueva vertiente: la diputada Aída Ayala tiene fueros, por lo que antes de ser detenida tendría que pasar por el proceso de quita de inmunidades de la Cámara de Diputados.

De todas maneras, resulta poco factible que la Sala interviniente cambie la naturaleza adoptada en otras intervenciones del mismo caso, cuando declarando por mayoría “la inadmisibilidad de los recursos de casación interpuestos por sus defensas contra las confirmaciones de las denegatorias de excarcelación dispuestas en la anterior instancia”, según lo escrito por las propias camaristas federales de Resistencia Rocío Alcalá y Delfina Denogens.

En ese sentido, la defensa de Rolando Acuña pidió la recusación de los integrantes de la Sala IV del Tribunal de la Cámara Federal de Casación Penal, Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, al considerarlos imparciales teniendo en cuenta que “en una anterior oportunidad intervinieron en las presentes actuaciones, al resolver en el incidente de excarcelación de su asistido”. La Sala rechazó in límine la recusación.

Las imputaciones contra los investigados son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.