Interpol emitió un alerta roja para el arresto internacional de Alberto Samid, buscado por la justicia argentina tras no presentarse a escuchar el veredicto que iba a dictarse en su contra en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión.

El organismo destacó que el probable paradero del empresario argentino podría ser el país caribeño de Belice, aunque las autoridades manejaban otros destinos como Uruguay y Panamá como posible refugio del exdiputado acusado de haber evadido impuestos por unos 28 millones de pesos.

Samid debía presentarse ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 en dos oportunidades y no lo hizo, por lo que no se dictó veredicto del caso, la Fiscalía le reclamó
a los jueces que adoptaran medidas y respondieron con la orden de detención.

Así el llamado "Rey de la carne" fue declarado prófugo y su abogado, Vicente Dattoli, no supo explicar a qué se debía la ausencia de su cliente en el tribunal.

Por su parte, Samid dio entrevistas televisivas desde su paradero desconocido y recalcó "No me voy a entregar".

"No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado que un preso político", enfatizó el empresario.

Además, denunció que el fiscal del juicio Gabriel Pérez Barberá le pidió una coima de 1.800.000 dólares para librarlo del caso."Lo denuncié (públicamente) hace dos semanas, me llamaron en un juzgado por una causa que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pidió 1.800.00 millones, me da tres días para que junte el
dinero. Lo denuncié públicamente, nadie se hizo eco, y ahora saltan que me van a buscar. No tengo la plata, y si la tuviera no la voy a poner", aseguró Samid.

El fiscal en lo penal económico Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que el empresario fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena para Samid y el resto de los acusados.

La investigación por evasión y asociación ilícita comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.

La orden de detención y el juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.