En diciembre de 2018 la ONG Greenpeace hizo público un reclamo sobre desmontes el Chaco. A partir de 2012, en el Departamento Almirante Brown (Chaco) productores iniciaron presentaciones ante el Estado solicitando la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), sancionado en 2009 por la Ley Provincial N° 1762-R (antes ley 6409), apelando entre otras cuestiones, a la capacidad agrícola de los predios. Estos pedidos, se enmarcaron en la Resolución 236/12 del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA) que habilita la posibilidad de que se realicen estos cambios. La resolución del Consejo Federal, establece la metodología y el procedimiento que se deben seguir para la evaluación y autorización de estas situaciones. Todos los pedidos presentados, fueron considerados y sometidos a un proceso de evaluación, como lo exige la normativa. Así, se efectuaron el análisis y auditorias por los equipos técnicos, se convocó al proceso de participación ciudadana para cada caso, se puso a disposición de la ciudadanía la documentación y los expedientes; y se publicaron todos los pasos en la web oficial, hasta su aprobación. Aprobación de 53 expedientes Desde 2012 se presentaron 100 pedidos de cambio de categoría del OTBN, de los cuales a partir del proceso de evaluación, se registró la aprobación de 53 casos por un total de 33.797,92 hectáreas de cambio de uso de suelo; y existen unos 47 pedidos no aprobados. Todos estos proyectos autorizados transitaron el proceso de evaluación, de auditorías, de participación ciudadana y de publicación, previo a su autorización. No obstante, la normativa que habilita las presentaciones fue suspendida. En 2018 se adoptaron medidas con el objetivo de asegurar la conservación de los bosques en el marco del ordenamiento territorial vigente. Se suspendió la normativa que habilita la presentación de estos proyectos, y el curso de los expedientes en trámite. Se inició el proceso de actualización del ordenamiento territorial, para que en este ámbito -con la opinión de todos los actores- se discuta y se logre el consenso sobre las categorías de conservación del bosque nativo, escuchando y analizando las opiniones de todos los actores. Teniendo presente el planteo de la ONG, se elevará un proyecto a las autoridades superiores a los fines de dejar sin efecto las normas aludidas, y que se cancelen de manera definitiva aquellos trámites en curso. Se invitará a todos los actores y todas las ONGs a que participen del proceso de actualización del ordenamiento territorial, donde se comenzará en 2019 con campañas informativas para que primero se acceda a la información toda la ciudadanía y luego habrá distintas instancias de participación que acredite la opinión de todos los interesados. El Chaco, es la jurisdicción con mayor inversión en control, equipamiento, recursos humanos, puestos de fiscalización móviles, delegaciones territoriales, tecnología en todas sus áreas. Fondo nacional de bosques La Ley de Bosques, previendo la situación de competencia económica que tiene la tierra para el cultivo, estableció el Fondo Nacional de Bosques que se distribuye anualmente entre todas las provincias con el objetivo de compensar a los titulares de inmuebles para el mantenimiento de los bosques nativos. Anualmente Chaco, en promedio, recibió a penas cuatro pesos por hectárea de bosque existente. Esto se debe principalmente a que el gobierno nacional históricamente nunca constituyó el fondo como lo establece la ley. Año a año se integra este fondo, con montos que no superan ni el 10 por ciento de lo que ordena la Ley de Bosques. Este financiamiento es el único recurso que tiene las provincias para combatir la deforestación y poder contrarrestar la presión que se ejerce el avance de la frontera agropecuaria contra el bosque nativo. La conservación del bosque tiene un costo, y cada vez es más alto. Las provincias necesitan poder disponer de más recursos que por Ley le corresponden.