De manera desorganizada, y tras amagar el jueves pasado, el Ejecutivo finalmente oficializó anoche la convocatoria a sesiones extraordinarias desde hoy y hasta el viernes 21-12, con un pretencioso temario de 40 proyectos. Entre los que más dudas presentan por la poca cantidad de tiempo para debatirlos y sancionarlos se encuentran las iniciativas de financiamiento político y la que apunta a penar a los violentos del fútbol.

En cuanto a la ley antibarras, el macrismo durmió dos años y tuvo que volver a presentar un nuevo proyectos. En tanto, otras iniciativas presentan polémica, como la rápida eliminación -que empujan de manera silenciosa Cambiemos y el PJ- de unos artículos de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diarios.

Desde el Ejecutivo se hizo un uso legítimo de la potestad para dar luz verde a la convocatoria a extraordinarias y mandó un combo de iniciativas que, con seguridad, no podrá ser votado en su totalidad. El problema que tiene Casa Rosada con el Congreso es la débil interacción de los legisladores oficialistas -y algunos jerarcas opositores- con la secretaria de relaciones parlamentarias del Gobierno, Lucía Aboud, persona de confianza de Marcos Peña.

Con el decreto que circuló anoche, Diputados impulsará un triple encuentro en el recinto para la semana que se inicia hoy. La primera sesión no está relacionada con el período extraordinario ya que será la preparatoria, es decir, la que por reglamento se realiza los primeros días de diciembre para renovar las autoridades. En la presidencia será ratificado una vez más el peronista con témpera PRO, Emilio Monzó. También continuarán en sus cargos el vicepresidente primero, José Luis Gioja (FpV-PJ); el vice segundo Luis Petri (UCR); y el vice tercero Martín Llaryora (Argentina Federal).

Una vez finalizada la preparatoria, el oficialismo quiere debatir en el recinto iniciativas sin conflicto entre los bloques, como el aval a la modificación que hizo el Senado sobre Bienes Personales para dejar afuera del tributo a las viviendas-hogar de hasta $18 millones. Este proyecto, además, creará una millonada de fondos que será destinada a compensar a provincias en cuestiones de subsidios al transporte.

Al día siguiente, Diputados empujará otra sesión con temas más viscosos, entre los que se encuentra la ley contra las barras y el aún indefinido régimen de financiamiento político. Ninguno de los proyectos en cuestión tiene dictamen. Las disidencias se repiten en la cuestión cooperativas: la mayoría de Cambiemos choca con el peronismo, kirchnerismo, parte del progresismo e incluso un sector del radicalismo, quienes pujan por un impuesto lo más bajo posible en beneficio de cuevas financieras que otorgan préstamos a tasas estrafalarias. El escurridizo diputado del PRO y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Luciano Laspina, presentó días atrás una nueva iniciativa.

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En el reparto de temas que circuló anoche -y que lleva la firma de Aboud, pero con fecha del jueves pasado-, se encuentran la autorización para que Macri pueda viajar al exterior en 2019 por cuestiones de Gobierno; diversos convenios internacionales; la creación de un juzgado federal en Tartagal (Salta); transferencias de inmuebles a provincias; la regulación de la implementación de una política pública de control de las enfermedades prevenibles por vacunación; la reforma del Código Procesal Penal para incorporar la figura del arrepentido -entre otras cuestiones-; y la creación del Parque y Reserva Nacional Iberá.

También aparece la reconversión de empresas privadas en las denominadas “Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo” (IBC), más conocidas como de “triple impacto”; la entrada de tropas extranjeras y salida de fuerzas nacionales para ejercicios en conjunto; la autorización de cónsules; la creación de la Cédula Escolar Nacional; y acuerdos varios para designaciones y promociones que deberá votar el Senado. La Cámara alta esperará esta semana a las definiciones en Diputados para definir su agenda. Quedó fuera del temario la polémica ley de alquileres que prometió el angelicista Daniel Lipovetzky.