En sus resoluciones, los camaristas señalaron que aun cuando las cuentas fueron desaprobadas, el juzgado de primera instancia -en referencia de la jueza María Servini- deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña.

La CNE consideró que entre las principales cuestiones que deberán ser investigadas, está "la necesidad de corroborar la autenticidad del origen de algunos aportes privados, para lo cual la Cámara requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones", además de "la existencia de aportes que podrían encuadrar en las prohibiciones legales (por ejemplo de empresas)". Al respecto de ese punto, considera que "frente a esta posibilidad se indica la necesidad de citar a declaración testimonial a personas que tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos".

Otro de los puntos a investigar es "la existencia de gastos de campaña no declarados, que fueron detectados a través de relevamientos y monitoreos dispuestos por la Cámara Nacional Electoral. Tales como publicidad en vía pública; actividad en redes sociales; gastos informados por proveedores y no declarados por los partidos; publicidad en medios gráficos; e incluso gastos de campaña anticipados, es decir, producidos antes del inicio del período legal".

Con argumentos fundados en abundantes citas de doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, hacia el final de sus pronunciamientos, la Cámara pone de relieve todas las medidas que ha ido adoptando a partir del precedente que dictó en el año 2002 y que le imprimen un rol activo para alcanzar la verdad jurídica objetiva sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. En ese contexto, señala la necesidad de ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, atento al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas.

Al remarcar la trascendencia de esta materia, los camaristas señalan que "lo que está en juego es la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático".