Los abogados somos auxiliares de la justicia y parte imprescindible en los procesos judiciales, debiendo tenerse en consideración que nuestro país adoptó una forma de gobierno republicana y que desde hace muchos años y de forma ininterrumpida vivimos en democracia, donde los derechos de todas las partes deben ser respetados y escuchados, y que nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y las normas provinciales consagran el derecho del debido proceso legal, por todo ello debe respetarse el derecho de los justiciables y el de sus representantes legales, a acceder libremente al expediente, al material probatorio y darles la posibilidad de que exterioricen su disconformidad con las resoluciones de los funcionarios y magistrados judiciales.

Por su parte, entendemos que los funcionarios y jueces deben aceptar la crítica a sus sentencias y saber que las mismas son falibles, y que la función de los abogados es representar los intereses de sus clientes dentro del marco del respeto del sistema democrático, la constitución y los tratados internacionales firmados por nuestro país.

En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que “"[e]n una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.

De la misma forma, el Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que “Queremos que existe un sano debate plural sobre las decisiones judiciales, eso es muy sano, y los jueces mejorarán si las sentencias son sometidas a las críticas”.

Entendemos que la situación referida no beneficia a ninguno de los que operamos el derecho, en un momento en el cual el foro necesita conservar legitimidad de actuación frente a la sociedad, debe promover las acciones necesarias para encontrarse a la altura de las circunstancias. La república precisa de comportamientos ajustados a derecho y la única forma de salir adelante será la de adoptar un adecuada prudencia, teniendo presente que de nosotros depende la buena convivencia democrática e institucional.