El texto enviado a medios de comunicación desde la institución que preside el doctor Diego Gutierrez indica “Como ya lo hiciéramos en otras oportunidades toda denuncia mediática que pone en tela de juicio el obrar de los magistrados, fundado solo en ataques a la persona de la misma, sólo genera incertidumbre en la ciudadanía y pérdida de la necesaria confianza en las instituciones”.

“Cualquiera que sea la instancia de un juez o funcionario atacado por el sentido y contenido de sus resoluciones, merece nuestra defensa ya que ello es una exigencia necesaria de convivencia republicana”.

Las afirmaciones infundadas respecto del desempeño de jueces y funcionarios solo afectan a la sociedad que tiene poca confianza en el funcionamiento de la justicia, que tiene a los abogados como auxiliares de la misma, y debemos recordar que si existen fundamentos suficientes para pensar que una resolución o sentencia se apartó de la Constitución y las leyes llenando los requisitos de un tipo penal existen remedios contemplados por la Constitución Provincial y la que establece órganos que deben intervenir en tales casos.

“Como defensores del estado de derecho vemos con excesiva preocupación la difusión de noticias que ponen en duda a toda la comunidad respecto de la capacidad de los funcionarios judiciales para ejercer su rol y la jurisdicción, en tal sentido repudiamos las afirmaciones sin sustento, ni forma de demostrarlas. Lo que parecería que obedecen a cuestiones ajenas al trámite jurisdiccional y a otros intereses que poco tienen que ver con el interés supremo de la justicia”.

Además, la ciudadanía debe estar tranquila respecto a que las presentaciones o solicitudes de los jueces y funcionarios en el ejercicio de sus funciones pueden ser rechazadas, controladas o revisadas por instancias superiores y van seguir el trámite que la ley le prevé, por lo que no debemos alarmarnos ya que la ley le permite a la autoridad requerida y quien también puede hacer uso de sus facultades legales a conceder o denegar la medida.

Y en el caso de que cualquier funcionario o magistrado que no cumpla los requisitos de idoneidad puede ser denunciado y en su caso removido conforme lo establecido en la Constitución y en la ley.

En este sentido, la intromisión en la vida personal de un funcionario o magistrado y las afirmaciones que no prueban ni ofrecen probar lo manifestado, no pueden ser toleradas sin el sentido de las mismas es la presión sobre los mismos.

Claramente y sin vacilaciones, afirmamos la vigencia del Estado de Derecho, en el que existen mecanismos constitucionales y legales expresamente establecidos para el control del desempeño de los actores judiciales y su eventual responsabilidad.

La importancia de los jueces de la república y la responsabilidad que involucra la función judicial frente a la ciudadanía, sumada a la publicidad que debe darse a los actos y sentencias judiciales, nos obliga a pronunciarnos ante este acto, que pretende por medios oscuros atacar la imparcialidad y la honorabilidad de los magistrados y funcionarios judiciales. Que en todo caso deben ser cuestionados por y solo por, las vías previstas por las normas constitucionales.

En nuestra provincia se han sucedido hechos que van contra el libre ejercicio de las funciones de magistrados y funcionarios. Así podemos citar lo ocurrido recientemente con la Dra. Zozzoli, y un tiempo atrás con fiscales federales y provinciales que además de las publicaciones que ponen en duda su buen desempeño fueron presionados con denuncias, presentaciones o inaceptables aprietes para que no hagan o dejen de hacer lo que la ley les impone como deber. Actitudes que repudiamos y que son rechazadas por la sociedad toda que se encuentra cansada de los continuos ataques al sistema republicano de gobierno.

Finalmente el texto donde se repudia el ataque a funcionarios y magistrados señala que “Claramente y sin vacilaciones, afirmamos la vigencia del Estado de Derecho, en el que existen mecanismos constitucionales y legales expresamente establecidos para el control del desempeño de los actores judiciales y su eventual responsabilidad, estando entonces convencidos en nuestro deber de pronunciarnos ante este acto, que pretende por medios oscuros atacar la imparcialidad y la honorabilidad de los magistrados y funcionarios judiciales. Que en todo caso deben ser cuestionados por y solo por, las vías previstas por las normas constitucionales” concluye el comunicado.