En una medida que provocará un fuerte cimbronazo en el ámbito político provincial, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó este miércoles la detención del actual ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, Fabián Echezarreta, previo trámite de desafuero que deberá sustanciarse en la Cámara de Diputados del Chaco. Es en la causa por lavado de activos -Lavado I- en la que en la que se encuentra imputado como coautor del delito de “lavado de activos agravado por habitualidad” y por “ser miembro de una banda”.

Según CHACODIAPORDIA.COM, la magistrada federal comunicó al Ministerio de Seguridad que una vez logrado el desafuero proceda a su detención. No obstante, también cabe la posibilidad de que el propio ministro renuncie a su cargo y evite la dilación que llevaría un trámite parlamentario de desafuero.

Cabe recordar que, el viernes pasado, el fiscal federal Patricio Sabadini ya había solicitado la detención de Echezarreta y otras tres personas pero la jueza no hizo lugar a la medida con respecto al actual funcionario del gobierno provincial, aunque sí ordenó detener a los otros tres imputados que hasta el día de hoy se encuentran prófugos y con pedido de captura internacional a Interpol: el extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández; Ramón Chávez y Cristina Dellamea, sobrina de Fernández y presunta testaferro.

De qué se acusa al ministro

En la imputación, el representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Echezarreta por presunto lavado de dinero y consideró que, junto al resto de los imputados, formaron parte de un esquema de corrupción que habría utilizado como mecanismo “la creación de empresas y sociedades –integradas por familiares y amigos- para proveer bienes y servicios al Estado provincial, concretándose presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”.

El trámite del desafuero

En su artículo 144, la Constitución Provincial señala que “para desempeñar el cargo de ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado. Rigen a su respecto iguales incompatibilidades e inmunidades”. Es decir, corresponde iniciar un trámite de desafuero, similar al que se sustancia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación con respecto a la diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala, imputada en otra causa por lavado de activos provenientes de presuntos sobreprecios en la contratación de proveedores durante su gestión como intendente de Resistencia. Una vez en el recinto, se necesitarán dos tercios de los votos para proceder al desafuero, es decir, los votos de 22 legisladores en el Parlamento chaqueño.

Vale consignar, además, que la Constitución Provincial también prevé en su artículo 120 que los ministros del Poder Ejecutivo “están sujetos a juicio político por incapacidad física o mental sobreviniente, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, por delito en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes”.