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Diego Gutierrez: “No permitiremos que a los abogados les pongan la mano en el bolsillo”
Chaco - Política
27/06/2017 11:52:00
En un nuevo comunicado, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia decidió profundizar los argumentos por los cuales se manifiestan en contra del proyecto de ley que coloca en manos de la FACA el manejo de la matrícula a nivel federal.

Al respecto, su presidente, el Dr. Diego Gutiérrez, anunció que junto a otras delegaciones del país, asistirá este martes al recinto del senado para defender la postura anunciada.

¿Cuáles son nuestros argumentos?

“Crea un peligroso e ilegítimo antecedente en el Derecho Argentino”

“Debemos recordar la FACA es una entidad privada, y en nuestro ordenamiento jurídico no hay entes estatales privados. Las personas estatales no pueden ser indistintamente personas del derecho público o de derecho privado, razón por la cual deviene en un gravísimo error jurídico atribuirle estas facultades. La FACA no tiene ni podría tener potestades legales para la asociación compulsiva de los abogados, no está en sus objetivos ejercer control administrativo alguno salvo para cuestiones internas, ejercer el poder de policía y/o dictar actos administrativos sobre particulares, generándose una grave anomalía jurídica merecedora de planteos judiciales impugnativos de los actos inexistentes que deriven de este cuasi órgano”.

“El proyecto observa serias y graves contradicciones desde su mismísimo artículo 2°, violando los más elementales principios de constitucionalidad en cuanto a materias expresamente no delegadas a las autoridades nacionales por las provincias (Art. 121 CN) al momento de la sanción de nuestras Constitución Nacional”.

“Aún teniendo presente que la Corte Suprema de nuestro país ya ha resuelto que la delegación del poder de policía por el Estado a instituciones públicas profesionales es viable (cuando éllas lo solicitan) no sería el caso que nos ocupa, pues se entregaría a una asociación no pública el poder de policía, sin advertir cuales serían los beneficios”.

“Se vislumbra, sin mayor ejercicio de recopilación de la información que la simple lectura del proyecto que, se encubiertamente estaría privatizando el control del ejercicio profesional de la abogacía en una asociación privada, de asociación voluntaria y de neto corte unitario, tal como se desprende de sus propios estatutos”.

Afecta Claramente el Régimen Federal

“Claramente esta situación perjudicaría muy especialmente a los casi noventa y tres mil abogados del interior del país, quienes quedarían gobernados por una institución con sede legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar asimismo que la propia FACA, no cuenta entre sus miembros al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) con más de ochenta y cinco mil abogados activos bajo su tutela, por lo que estaríamos dejando sin representación a no solo la jurisdicción territorial más relevante en el conjunto federal sino a la más numerosa”.

Es vago e impreciso

“A modo de ejemplo. Establece su Art. 9 que los abogados están obligados a “aceptar los nombramientos de oficio que hicieran los jueces para colaborar con la justicia”, lo cual de una manera casi apresurada despierta en nosotros las siguientes dudas: ¿Cuáles parámetros realizarán dichos nombramientos los jueces? ¿Para qué funciones? No define “colaborar con la justicia”, ¿Qué se entiende por ello?, ¿cómo afecta a ello al Ministerio Público de la Defensa? ¿se han tomado previsiones referidas a ello, se han acaso consultado a los Defensores?”

Afecta el derecho constitucional del debido proceso legal adjetivo.

Ante un eventual proceso disciplinario el sistema propuesto afecta el derecho de todo abogado a acceder a un juicio administrativo justo, a cargo de un juez imparcial, y respetando el derecho de defensa, violando la jurisdicción de los Tribunales de Disciplina de cada Colegio profesional que por legislación local corresponda o los sistemas que existen en las provincias sin colegiación obligatoria como lo es nuestra provincia.

Convierte a la FACA en una autoridad revisora de todas las sentencias del Tribunal de Disciplina de los Colegios de Abogados, superponiéndose a las funciones de la Cámara local creando un claro conflicto que llevara años resolver mediante distintos planteos judiciales y la necesaria intervención de la Corte ante los seguros planteos que se suscitarán a lo largo y ancho del país.

Encarece el sistema de justicia y el acceso a la misma.

“El pretendido sistema, no hace otra cosa que crear un sistema de generación de fondos sin que exista una contraprestación lógica por ellos. Crea por lo tanto un “bono fijo” pautado actualmente, aunque no permanentemente en 0.3% del salario de un magistrado de primera instancia en lo Federal, unos $396.9. A solo efectos de ejemplificar lo expuesto, si los 178 mil abogados que aproximadamente están en condiciones de litigar ante tribunales federales presentaran una única causa anual ante el fuero Federal hablamos de más de 70 millones de pesos, una suma nada despreciable para una organización civil de 2 orden como lo es la FACA, quien se prevé por la presente reciba el 20% de esos fondos para su “control de la matrícula””.

“Agregando a lo anterior, tratándose la FACA de una federación, es decir, una institución de segundo grado, debería cobrar a sus asociados, es decir, los colegios. Nos preguntamos entonces, porqué habría de cobrarse a cada profesional para el inicio de causa?”

Es conflictiva aún entre los colegios nucleados en la FACA

Es importante recordar que través de un comunicado conjunto, los Colegios de Abogados de las Departamentales de La Matanza, Avellaneda-Lanús, Quilmes, San Martín Lomas de Zamora, Moreno General Rodríguez criticaron la iniciativa legislativa cuando obtuviera la media sanción legislativa, destacando que estas tres organizaciones representan a unos quince mil colegas matriculados del Conurbano bonaerense.

Propuestas Superadoras

A los ojos es los profesionales de la Provincia del Chaco, no es un debate nuevo, recordemos que nuestra provincia a fines de 2014 sanciono la ley 7524 que regula el ejercicio de la Profesión de abogados con los votos positivos de 30 de los 32 diputados provinciales y sin ninguna oposición, una ley debatida a lo largo y ancho de la provincia en cada una de las ciudades cabecera de los departamentos judiciales, en el que los ciudadanos, abogados y no abogados, manifestaron los argumentos a favor y críticas a todos los sistemas propuestos llegando a un consenso amplio que los poderes públicos constituidos refrendaron en pos de la libertad y gratuidad del ejercicio profesional de quienes ejercen la abogacía.

Con esa experiencia como antecedente, proponemos que se pueda debatir en condiciones similares el futuro de la propuesta matrícula federal, en un ejercicio de soberanía republicana democrática donde podamos una vez más manifestarnos como siempre en pos de los principios rectores de nuestra organización, libertad, transparencia y compromiso absoluto con el sistema democrático, sus instituciones consagradas y la sociedad civil, ninguna de ellas exentas de las nefastas consecuencias que auguramos a la iniciativa que venimos a repudiar.

Dr. Diego Sebastián Gutiérrez

Presidente

Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia.

3624- 561816

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