A la primera instancia de la licitación, cerrada el 3 de marzo con la apertura de los sobres “A” llegaron El Cometa y Don Antonio, de Corrientes; Navarro, perteneciente al grupo Flecha Bus y radicada en Entre Ríos; y Puerto Tirol y Ataco Norte, del Chaco.

El servicio Chaco-Corrientes fue el primero de carácter interprovincial que comenzó a partir del trabajo de la “Comisión de Coordinación de Transporte urbano y Suburbano”. Este nuevo marco jurídico fue creado en agosto de 2016 por el Ministerio de Transporte de la Nación y se replica en todos los casos del país donde existen servicios de transporte de pasajeros automotor que atraviesan dos jurisdicciones provinciales distintas. “El nuevo marco regulatorio asegura la participación de las provincias y los municipios que son los que mejor conocen la realidad sobre la cual se toman las decisiones, y a quienes más impacta el servicio”, explicaron las autoridades nacionales.

Sin embargo, la decisión respecto de cuáles empresas calificarán para la segunda fase de proceso, que es la apertura del “sobre B” que esperan las autoridades provinciales, quedó en manos de la Comisión Evaluadora.

Cuestión de peso

La procedencia de las empresas no es un dato menor. A esta altura, y con los días corriendo de manera inexorable, quedan pocas explicaciones disponibles para explicar el lento avance de esta licitación, que no sea el lobby empresarial que tiene epicentro en Buenos Aires. Tal como lo adelantó este matutino, hay versiones cada vez más fuertes que hablan de gestiones dirigidas a conseguir una “definición política” que modifique el rumbo de la adjudicación.

La movida consistiría en una acción empresarial y política que apunta a convencer a los funcionarios nacionales encargados del tema de que no es “conveniente” dejar un servicio público de tanta relevancia regional en manos de compañías que tienen sus sedes centrales en el Chaco, una provincia gobernada por el peronismo y no por Cambiemos, la alianza que encabeza Mauricio Macri y que actualmente manda también en Corrientes, donde el gobernador es el radical Ricardo Colombi.

Si bien las cuestiones partidarias no deberían tener conexión con la definición de un proceso licitatorio, en el que únicamente debieran considerarse parámetros técnicos y financieros, lo cierto es que ese lobby está operando fuertemente en la Capital Federal y deja abierto el desenlace de la evaluación de ofertas. Incluso, en los últimos días se supo que la delegación correntina de la UTA también había jugado unas fichas en esta negociación multidireccional, aunque sus demandas podrían satisfacerse sin mayores inconvenientes una vez adjudicado el servicio a las empresas que explotarán el recorrido en los próximos años.

Así las cosas, confiaron en que esta semana podrían definirse las empresas finalistas, para pasar al análisis de las ofertas económicas presentadas y mantener los plazos previstos para la finalización del proceso licitatorio, que sería en mayo.