La presidenta del Foro Permanente en Defensa del Usuario Vial la legisladora provincial Viviana Damilano Grivarello y sus pares Raúl Acosta y Héctor Vega se congregaron en las inmediaciones de las casillas del peaje del Puente “General Belgrano”, junto con el Subsecretario de Defensa del Consumidor Ricardo Marimón, y representantes de la Asociación de Consumidores de Barranqueras (ACUBA) en lo que denominaron “Plantón Pacifico” para manifestarse con el lema “No al peaje; No a la renovación de la concesión”.

Con pancartas en mano que rezaban “No al peaje; No a la renovación de la concesión” los diputados, junto al funcionario y los representantes de la asociación, durante unos minutos, sin obstruir el tránsito, realizaron la entrega de panfletos, con el mensaje: “Nos Unimos y lo detenemos hoy...o nos callamos y lo pagamos toda la vida”.

Manifestaron rotundamente que “la lucha en contra de los peajes sigue todavía vigente”, en expresión de oposición al cobro del mismo, “para demandar al gobierno nacional que retire ese impuesto obligatorio al tránsito de la provincia y al levantamiento definitivo de las casillas de peaje del puente General Belgrano, por ser además inconstitucional”.

Buscan que Trasporte de la Nación escuche el rechazo popular del pueblo chaqueño y correntino, con respecto a la instalación de esta casilla de peaje que une a las provincias de Chaco y Corrientes.

PEAJE CARO

El pedido se realiza porque se afirma que “hace treinta años vienen funcionando y que no cumple con la función que tendrían que cumplir, no tiene reparadas las rutas, ni nos ofrecen los servicios que bajo convenio deberían, como el hecho de tener ambulancias, teléfonos para auxilios”, se describió.

Se precisó que en abril se realizará una nueva concesión o una nueva legislación nacional - que suena extraoficialmente - sería con telepeajes y tarifas de peajes dolarizadas, situación que es rechazada en esta región.

El diputado provincial de Concertación Forja Raúl Acosta, que se sumó con su presencia en apoyo a esta manifestación recordó que en el convenio de concesión se establecía que “cuando había una casilla de peaje, tenía que haber un camino alternativo, para la gente que no tiene o no quiere pagar el peaje, lo cual queda en evidencia que acá no se cumple”, remarcó.

“En estos contratos – agregó - también se imponía a las empresas concesionarias que tenían que tener coches de auxilios, recorriendo las rutas en caso de accidentes, o desperfectos, ambulancias, los teléfonos SOS, acceso a los pueblos, banquinas; de todo ello no han hecho nada en todos estos años, solo han y se hicieron multimillonarios y el pueblo no recibió nada”, reprochó.

Se remarcó la disparidad que existe entre los peajes en el país. Un peaje en autopista pueda valer 5 pesos y el de Makallé que cueste 30 pesos, con el que se ven perjudicadas pequeñas comunidades, especialmente estudiantes que vienen a estudiar de Lapachito, Colonia Elisa, a la capital y tienen que pagar por cada cruce.

Desde Defensa del Consumidor se precisó la subsecretaria sancionó a la actual concesionaria por un monto de $4 millones, por violentar el deber jurídico de informar, el que está contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en la Ley nacional de Defensa del Consumidor, instancia que fue judicializada, pero no hay respuestas de la Justicia en ese sentido.