La movida, con epicentro en Buenos Aires, consistiría en una acción empresarial y política que apunta a convencer a los funcionarios nacionales encargados del tema de que no es “conveniente” dejar un servicio público de tanta relevancia regional en manos de compañías que tienen sus sedes centrales en el Chaco, una provincia gobernada por el peronismo y no por Cambiemos, la alianza que encabeza Mauricio Macri y que actualmente manda también en Corrientes, donde el gobernador es el radical Ricardo Colombi.

Aunque el sentido común haga pensar que las cuestiones partidarias no deben tener conexión alguna con la definición de un proceso licitatorio tan específico, en el que únicamente debieran considerarse parámetros técnicos y financieros, lo cierto es que ese lobby está operando fuertemente en la Capital Federal y deja abierto el desenlace de la evaluación de ofertas.

Carrera de cinco

La licitación del servicio interprovincial -que en los últimos años viene siendo objeto de fuertes críticas por parte de los usuarios- recibió cinco ofertas. Las empresas que se presentaron son las correntinas El Cometa y Don Antonio; las chaqueñas Ataco y Puerto Tirol; y Servicio Combinado de Entre Ríos, vinculada con el grupo Flechabus.

No se presentó Ticsa, una de las prestatarias actuales del servicio. Cuando se avanzó en el conocimiento detallado de las propuestas quedó en claro que las de Ataco y Puerto Tirol eran las más sólidas, ya que las demás mostraban distintas carencias e inconsistencias que en algunos casos hasta podrían haber motivado su rechazo al momento de su presentación.

Por ejemplo, hubo ofertas que se presentaron en sobres que ni siquiera indicaban de qué oferente eran y otras que no distinguen si sus ofertas son para una de las dos líneas del servicio o para ambas, ya que no se discrimina el punto. Peor aún: hay carpetas que se ingresaron sin acreditar el patrimonio neto mínimo requerido para ser prestatario de un servicio pública de tanta importancia o sin concretar la “garantía de oferta”, un requerimiento básico cuando se participa en una licitación de esta naturaleza.

Hay además oferentes que no presentaron el informe económico - financiero que permite calcular el Índice de Solvencia Financiera que corresponde determinar en estos casos, y sólo las compañías chaqueñas cumplieron con el requisito de certificar debidamente las firmas de quienes suscriben sus ofertas. En las otras ofertas, en cambio, figuran firmas simples, incluso en el documento en el que se plantea el compromiso de absorber a los empleados actuales del servicio Chaco - Corrientes.

Trama política

Aparentemente conscientes de esas falencias, algunos empresarios habrían optado por buscar una definición política de la licitación, sumando a figuras correntinas de Cambiemos para ir a Buenos Aires a plantear que no sería redituable, en términos partidarios, darle solamente a empresarios chaqueños un servicio que se presta en dos provincias, máxime cuando el Chaco está gobernador por el peronismo y Corrientes por la UCR, socia del PRO de Macri.

Mientras se espera a ver qué criterio se impone en la comisión evaluadora, los usuarios aguardan que el transporte entre las dos orillas mejore sustancialmente. Las empresas chaqueñas, en sus ofertas, prevén un máximo de 26 colectivos cero kilómetro para el recorrido entre las capitales, más del doble que las 12 unidades que circulan actualmente.