En un comunicado enviado a medios por la institución que preside el doctor Diego Gutierrez, se destaca que “el terrible suceso, qué en este caso en particular afecta a un profesional del Derecho, que en resumidas cuentas no es más que otro ciudadano ejerciendo su digna profesión, aumenta la ominosa cuenta de víctimas de la situación actual, y ante ello no queda más que la reflexión por un lado y la acción concreta para erradicar este mal en todas sus formas”.

“Luego de recientes episodios similares donde se ha perdido la vida de un profesional como el de Tito González en un local céntrico de Corrientes, acciones replicadas en el ámbito local y nacional, y ante la insuficiencia de simples declaraciones públicas que hemos realizado acusando una rápida justicia, elaboraremos un proyecto de ley, incorporando entre las agravantes de homicidio, la circunstancia de haberse cometido contra un profesional en ejercicio o con ocasión de su ministerio” detalla el comunicado.

Destaca el texto informativo además que “actualmente encontramos entre las agravantes del art. 80, inciso 8°, la figura agravada del homicidio cuando se cometiera contra algún miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición. (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002) Lo propuesto no reviste novedad, puesto que si se revisan los antecedentes legislativos sobre el tema, encontramos que ya se ha incorporado la figura de los profesionales como sujeto pasivo de la figura propuesta. La calificación se encuentra referida al mayor riesgo que corren ciertas personas en razón de su profesión y la mayor alarma social que similares argumentos que se emplea cuando el ataque haya tenido lugar con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones inherentes al cargo o por desempeñar un acto de servicio como integrante de las fuerzas de seguridad”.

Objetivo

“Nuestro objetivo es preservar mediante el refuerzo de la pena, la vida de los profesionales que encarnan mediante su ejercicio actividades que son socialmente relevantes. Lo que se intenta proteger con este tipo de norma es, en realidad el bien jurídico es la vida de un integrante de distintas profesiones en virtud de los actos funcionales o de su cargo o condición de tales, sin que ello pretenda ser un privilegio de clase o casta. Pues bien, no encontramos al asesinato de un agente de seguridad o de las fuerzas públicas, tan alejado del homicidio de un abogado, médico, ingeniero, etc. sea por su calidad de tal, sea por diferencias en los resultados del ejercicio profesional”. Finalmente desde el Colegio de Abogados expresaron que “en la esperanza de que tal proyecto pueda ser acompañado por la firma de otros colegios y consejos profesionales, de cualquier profesión, habremos de presentar dicho proyecto a diputados de la nación, a fin de que evalúen darle estado parlamentario a partir del inicio de periodo ordinario de sesiones” concluye el texto firmado por el titular de la institución Diego Sebastián Gutierrez.