Frente a un año electoral clave, en 2017 el gobierno de Mauricio Macri abrirá el grifo y volcará más recursos a las provincias y municipios. En materia de coparticipación federal, recibirán unos 731.000 millones de pesos anuales, un 25% más que este año, proporción superior a la inflación anual prevista, del 17%.

Así lo anticipa en el proyecto de ley de presupuesto que presentó esta semana al Congreso, donde detalla que, además, las provincias y municipios embolsarán por fuera de la coparticipación unos 31.000 millones de pesos extras (un 17,5% de suba) para atender gastos corrientes, obras y proyectos de inversión. Esos números serán la carta que utilizará el Gobierno en su negociación con los mandatarios provinciales para resolver sin conflictos y con sus respaldos dos temas que le preocupan: el aumento de tarifas y la modificación del impuesto a las ganancias.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2017 -que comenzará a discutirse pasado mañana en la Cámara de Diputados-, el Gobierno prevé reducir en un 20% los subsidios al sector energético el año próximo (unos $ 44 mil millones). Esto presagia un fuerte aumento en las tarifas de gas y de electricidad, para lo cual la Casa Rosada pretende el acompañamiento de los gobernadores.

También buscará su apoyo en la discusión por el impuesto a las Ganancias: el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, admitió que el año próximo la suba del mínimo no imponible y el retoque en las escalas serán "graduales". Contrario a lo que prometió Macri en la campaña electoral, el alivio para los contribuyentes será menor al esperado, lo que anticipa una fuerte fricción con los sindicatos.

En materia de coparticipación, las provincias recibirán en 2017 unos $ 731 mil millones, un 25% más que este año.

Además de los fondos por coparticipación, el proyecto de ley de presupuesto 2017 propone una suba promedio del 17,5% de las llamadas transferencias no automáticas o discrecionales. Los gastos de capital dirigidos específicamente a los gobiernos provinciales y municipales totalizarán $ 82.664 millones (de los cuales buena parte se lo lleva el Fondo Federal Solidario, de reparto automático, proveniente del 30% de las retenciones a la soja). En inversión real directa sumarán $ 65.474 millones que, según propone el Gobierno, destinará en un 46% a obras de la Dirección Nacional de Vialidad y el resto al mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, vivienda, agua potable y cárceles.